• Los voceros políticos de la comunidad Embera que ocupan ilegalmente el Parque Nacional le exigen al Distrito contratos de prestación de servicios para ellos mismos y la financiación de 4 ollas comunitarias, por valor de $218 millones de pesos.
• La Secretaría de Gobierno denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF- la presunta vulneración de derechos de esos niños, niñas y adolescentes y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.
• Desde el 29 de septiembre de 2021, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias.
• El Distrito les ha ofrecido traslado a lugares en mejores condiciones donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación.
El Distrito puso en conocimiento que los voceros políticos (que no son Embera) de las comunidades que están ocupando de manera ilegal el Parque Nacional y poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad, están condicionando el avance del diálogo para el traslado de los Embera a otros lugares. Por un lado a cambio de contratos para ellos mismos por un valor de $114 millones de pesos y por otro con la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos.
A través de un correo electrónico, enviado el domingo 7 de noviembre al subsecretario de Gobierno y en mesas de diálogo, los voceros políticos de esta comunidad (que no son Embera) solicitaron esos contratos de prestación de servicios con el Distrito; listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más. En ese mismo correo exigieron el dinero para las 4 ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones.
Así mismo, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF- la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que están en el Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores, teniendo en cuenta que desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación ilegal, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias.
“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá instrumentalice a ningún menor” indicó Daniel Camacho, Subsecretario de Gobierno.
Desde el Distrito se han adelantado cinco mesas de Diálogo con sus voceros políticos y la participación del Ministerio Público, donde se les ha ofrecido traslado a dos lugares en mejores condiciones y los cuales se han negado a aceptar, agudizando la precaria situación:
1. A La Unidad de Protección Integral – UPI- La Florida donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación, entre otros.
2. A un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana – ERU- ubicada en la localidad de Santa Fe que se acondicionaría para que pudieran recibir los servicios básicos esenciales.
El Subsecretario de Gobierno fue enfático en afirmar: “seguimos abiertos a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalicen a los menores, ni a chantajes durante el proceso”.
Por último el Distrito hizo un llamado al Ministerio Público y a las autoridades administrativas, en especial al ICBF, a que privilegiar los derechos de los niños con acciones que realmente resuelvan la difícil situación por la que están pasando.
